HISTORIA DE UNA MULTA
Allá por el año 2000 e incluso
años antes, la empresa Coto Minero Cantábrico explotaba alegremente el cielo
abierto denominado “El Feixolín”. Lo
hacía cometiendo graves infracciones urbanísticas y medioambientales, según se
ha demostrado posteriormente. Tras
numerosas sentencias judiciales que ordenaban su cierre, llega el año 2007, en
el que el entonces alcalde Guillermo
Murias impone, amparado por un mandato judicial, la sanción de 129 millones de
euros, que constituye la mayor sanción administrativa impuesta hasta esa fecha
en España. Dicha cantidad, está calculada en base a un informe, que la propia
empresa había presentado ante los tribunales con las ganancias obtenidas
diarias por la explotación de la corta y así mismo de las pérdidas que
ocasionaría el cierre de la misma. Dicha
sanción fue recurrida por Coto Minero Cantábrico y en el 2011, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de León, estimo la legalidad de la misma pero
la rebajó de 129 millones a 800.000 euros. Dice en la sentencia que “existe
una enorme dificultad para concretar la existencia de un beneficio referido a
la explotación y que en todo caso, si existiera, la restauración absorbería
dicho beneficio”. Causándonos un
cierto malestar dicho fallo (como a gran parte de los lacianiegos) por la
importancia de dicha rebaja, vemos perplejos como desde el Ayuntamiento de
Villablino (ya gobernado por el PSOE) no se recurre dicha sentencia,
como si hace Coto Minero Cantábrico ante el TSJ.
Quizás en este momento la
alcaldesa podría haber solicitado el pago provisional de la multa, mientras el
TSJ continuaba con la tramitación del recurso.
Y el tiempo transcurre hasta
llegar al día 28 de septiembre de 2012, día en que el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León por fin resuelve definitivamente el asunto a favor
del Ayuntamiento de Villablino, al frente del cual se encuentra la alcaldesa Ana
Luisa Durán Fraguas, que curiosamente da una callada por respuesta, sin
comunicar dicha sentencia al resto de la corporación y ciudadanía, y
abordar inmediatamente el cobro de la misma.
Es nuestro grupo, Izquierda
Unida, quien en vista de que a quién correspondía no comunicaba este asunto,
decide trasladar la noticia de la sentencia, en el mes de noviembre a los
medios y claro acompañada de unas cuantas preguntas, dirigidas a
la alcaldesa, que se llevaron al pleno posteriormente celebrado el 3 de
diciembre.
¿Por qué en el pleno, que se
celebró el 26 de octubre, no detalló que conocía la sentencia y el camino que
se iba a seguir al respecto?
En el Pleno extraordinario
celebrado el pasado lunes 3 de diciembre (porque según nuestra alcaldesa
no pudo celebrar el ordinario que estaba
fijado para el 30 de noviembre, por tener asuntos personales que atender,
como viene sucediendo reiteradamente dificultando la labor de fiscalización y
control de la oposición) y a la anterior pregunta la alcaldesa responde, que esperaba
de su letrado aclaraciones e informes sobre dicha sentencia, aunque ya era
firme, luego el resultado ya era conocido y no iba a cambiar, luego habría sido
más adecuado y transparente incluso para sus intereses, ante la importancia del
asunto, el hecho de haberlo comunicado inmediatamente a los grupos de la
oposición, aunque tenemos nuestras dudas de si en su propio grupo, conocían
todos dicho resultado de la sentencia.
Otra pregunta que hicimos, en el
pleno, fue ¿por qué en su día no se recurrió desde el Ayuntamiento la
sentencia ante la importante reducción
que había sufrido, de 129 millones de euros a 800.000 euros?, a lo que Ana
Luisa contesta que porque su letrado le había aconsejado que no se iba a
conseguir nada más con el recurso y que dicho recurso podría tener un coste
elevado a las arcas municipales. Cuando este Ayuntamiento se caracteriza por la
cantidad de juicios perdidos, sobre todo en materia de personal laboral, que se
recurren en los juzgados y que suponen un gasto muy elevado, mientras que este
recurso nos parece mucho más importante.
A nuestra pregunta de ¿cuándo va a pedir la ejecución de la sentencia, el
cobro de la misma y en que se va a emplear dicho dinero? nuestra alcaldesa
y con el tono un poco elevado en todo momento alega que Coto Minero Cantábrico
ha presentado una garantía hipotecaria ante el juzgado y que puede hacer frente
al pago con bienes, asegura que esta multa la puede abordar así y que
remotamente lo hará en metálico. Claro a nadie se nos escapa que los bienes con
los que nos pueden pagar no tengan el valor suficiente para compensar los
800.000 euros, pero además expusimos ante el pleno que el Ayuntamiento de
Villablino ya tiene numerosos edificios e instalaciones sin mantener (pese a
haberse aprobado hace meses nuestra moción exigiendo la aprobación de un plan
de mantenimiento de los mismos), que suponen gastos inabordables y en la época
que vivimos muchas de las posibles cesiones inmobiliarias de CMC no tienen interés
público y lo que necesita el Ayuntamiento es dinero en metálico para afrontar
los débitos. Además la mayoría de las construcciones e instalaciones de CMC
están sobre terrenos comunales de nuestros pueblos, que son de su propiedad al término
de las respectivas concesiones administrativas. Pero tampoco muestra la Alcaldesa
un interés especial por hacer hincapié en que pondrá de su parte todo su
esfuerzo por conseguir que se pague en metálico dicha multa. Ante esto, hacemos
mención según establece la Ley, que los pagos se realizarán prioritariamente en
efectivo y que la administración podrá tomar medidas ante el impago de las
deudas, como son la retención de ingresos públicos (subvenciones del IRMC a
CMC).
Nuestro grupo, por su parte insto al equipo de gobierno a ejecutar la
multa lo más pronto posible, y que el cobro sea en metálico, a que lo
emplee primero en pagar a los empleados,
a los que se les deben atrasos, en acondicionar los edificios del Ayuntamiento
en precarias condiciones, y a ayudar a las juntas vecinales de los pueblos del
municipio en las obras más necesarias y aparte de quedarnos solos en la
votación, pues solo los cinco concejales de izquierda unida votaron a favor
como era lógico, pues la propuesta era nuestra, el resto de formaciones PP, PSOE y MASS
votaron en contra o se abstuvieron.
Las garantías hipotecarias citadas fueron exigidas por el juzgado a
CMC como aval para poder tramitar su recurso, siendo totalmente
independientes del procedimiento de cobro de la multa ahora que la sentencia es firme. En estos momentos el cobro de la multa es
competencia exclusiva y responsabilidad de la alcaldía del Ayuntamiento de
Villablino.
El proceso es el siguiente: el
Ayuntamiento debe comunicar urgentemente a CMC el expediente de recaudación de
la deuda, si esta Compañía no efectúa el pago en efectivo de la sanción en
el plazo legalmente estipulado, debe iniciar el procedimiento de recaudación
ejecutiva con los recargos e intereses correspondientes, iniciando el proceso
de embargo de todos sus bienes y derechos (subvenciones, facturación, cuentas
bancarias, etc.). Siendo la última
opción, el embargo de bienes inmuebles ante una improbable insolvencia
empresarial.
Nuestro grupo, desde este
comunicado y una vez más, seguimos exigiendo a nuestra alcaldesa que inicie el
procedimiento de cobro de la multa, voluntario o ejecutivo según el plazo
que corresponda, como actúa con el resto de ciudadanos o bien, en base al convenio
con la Diputación, solicitar a este organismo que inicie a su vez el
procedimiento de cobro ejecutivo de dicha multa, amparados en su labor de apoyo
y colaboración de las administraciones locales de la provincia.
Queremos también desde aquí,
anunciar que en caso de incumplimiento de dichos procedimientos, IU se
reserva la toma de medidas oportunas ante los organismos o juzgados competentes.
Y por último una vez se haya
realizado el cobro, esperamos aprobar en pleno la modificación del presupuesto
municipal (o la aprobación del presupuesto de 2013), donde IU volverá a exigir
que se proceda al pago de los atrasos a los trabajadores.
GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA EN VILLABLINO
