Dña. Maria Teresa
Martínez López, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Villablino, somete al Pleno de la Corporación para su toma
en consideración, si procede, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Los Alcaldes y
Alcaldesas de todos los grupos políticos, exceptuando al Partido Popular, mostraron el pasado 13 de octubre en Madrid,
su posición radicalmente contraria al Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, leyendo un manifiesto con el siguiente texto
literal:
“El Gobierno presenta
esta reforma con el único objetivo de
dar cumplimiento a la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica
que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de
una afirmación sin fundamento, puesto
que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su
déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el
periodo 2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines
constitucionales de la Administración
Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los
ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta
totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en sí mismo.
Pero
además, son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de
tal modo que en 2012 más de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus
liquidaciones presupuestarias.
El ciudadano, que es a
quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si a este fin acude a los
municipios, en lugar de a otros entes de
mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación
se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor
acomodo.
La ampliación del
ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la pérdida de
atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al
ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística
de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir
mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente
redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano.
Esta va a ser la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha
peor calidad con un coste más elevado que tendrán que costear los ciudadanos.
Recordemos que la Ley
de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que éste es
“marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena
medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el
progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al
esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y
viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado
igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en
siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los
Municipios”.
El texto del proyecto
del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas
comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de
estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los
vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos
de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.
Los municipios y
Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la actualidad, nacen en
el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus
propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso
que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de los
vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente
a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión
de sus intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras
históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, recuperar
modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos
siglos atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos
optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado
Antimunicipal.
Así, la demonización
que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la entidad local
menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su
cualidad de Entidad Local sino que debe
ser regulada en cuanto a su competencia y financiación, y por otra del pequeño
municipio, ejemplo paradigmático de democracia participativa, propugnan un
modelo que no podemos sino rechazar.
Queremos rechazar
también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las excesivas
remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un
gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente
ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin
retribución alguna.
El texto presentado, y
que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía
local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los
principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios
públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las
distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos
Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios
sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura
crisis económica.
Pero además, supone
obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la
Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del
compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales
tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté
excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que
“el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por
tanto “la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta
la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o
economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior
imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente
el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.
Al contrario, el
modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la
prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos
de población y pavimentación de las
vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de
ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores,
discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores...
dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía,
perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos
ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma
orientativo del proyecto de ley del gobierno.
Así, en el caso de los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva redacción
propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de
contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones
de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a
la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará
servicios peores y más costosos.
Ante la propuesta
gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que vemos con preocupación esta
reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es
necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales,
asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos,
organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda
claridad y contundencia.
Hoy queremos recoger
todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión
de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria
búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Debe ser a través del
diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el
desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo
debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva
de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y
ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal
Constitucional.
Por la hondura y la
trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se
pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley
que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de
ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los
Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios
y de las entidades locales menores.
Denunciamos pues o
estamos en contra de la vulneración del
principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco
de la Carta Europea de Autonomía Local.
El Proyecto reduce el
respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un
alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.
La invasión del marco competencial de los diferentes
Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de
organización de la Administración Local
a diferentes CCAA.
La reforma local que
se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que
se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio
respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.
La inadecuación del contenido del Proyecto a las
finalidades en que se fundamenta.
El Proyecto penaliza
las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la
contención del déficit público.
Ni mejora la financiación local, ni consigue la
racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales
Finalmente manifestar
la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de
las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora modificaciones
substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente
reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a
las responsabilidades que les encomienda”.
PROPUESTA DE ACUERDO
1.-
El Ayuntamiento de Villablino muestra su rechazo a la reforma de la administración local y
solicita al Gobierno de la nación que, a
fin de evitar la intervención del Tribunal
Constitucional, retire
su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo en base a los principios de consenso y de los compromisos
políticos básicos, debiendo contar con
la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a
través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
2.- Dar traslado de los acuerdos a
los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del
Gobierno.
En Villablino a 28 de
Octubre de 2013
Fdo. /Doña Mª Teresa Martínez López
Portavoz de Grupo Municipal IU
ILMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
