Moción presentada por Izquierda Unida en el pasado pleno y aprobada en el pasado pleno, con el voto en contra del PP.
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IUICyL AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO sobre la reforma de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD)
MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IUICyL AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO sobre la reforma de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD)
Don Severino Alvarez Mendez, con domicilio
en C. La Brañina nº 22, 2ºD de Villablino como portavoz del Grupo Municipal IU
del Ayuntamiento Villablino y con D.N.I. 10080723F, comparece y presenta a
consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción sobre
los recortes impuestos a la LAPAD en el
Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las
AA.PP. y en el ámbito financiero.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley 39/2006, (LAPAD)
supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos
lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un
millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son
beneficiarios de una prestación o servicio.
Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la
Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro
desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro
que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que
durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de
dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado
a golpe de Real Decreto, generando
inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que
actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de
algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos.
Problemas que no sólo no
se van a solucionar, sino que se van a ver agravado por lo que es, de hecho,
una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima
expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del
Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las
personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia
con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación
de empleo.
El Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de
2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas
que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que
son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones
como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad
en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares
y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
Entre las medidas
adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
-La ampliación a dos años el plazo para resolver
las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de
4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80)
-El incremento de las aportaciones de los usuarios
y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la
capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera
importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas
dependientes provocando la descapitalización de las familias.
-La eliminación de las compatibilidades entre
servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria
flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.
-La reducción de la cuantía de las prestaciones
económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha
permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas
dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo
en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de
familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas
que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.
-Además el Estado deja de financiar la Seguridad
Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94%
mujeres.
- En materia de financiación del sistema, se reduce
el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel
acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo
garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se
dejarán de abonar.
Todas estas medidas,
además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades,
suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la
desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que
se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o
servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se
puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de
dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había
producido en España en los últimos años.
Considerar inviable la
promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de
dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de
dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social,
cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de
dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más
básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia
ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y
de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos
de nuestro entorno.
Por ello, el Grupo Municipal IU
Villablino eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de España para
que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley
21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones
públicas y en el ámbito financiero.
Instar al Gobierno Central para que
no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del
Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del
Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España
por un valor de 283 millones de euros.
Que
cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su
tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el
atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un
nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación.
Fdo. Severino
Alvarez Mendez
Portavoz de
Grupo Municipal IU
En Villablino a 31de agosto
del 2012
De
la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Castilla y Leon a los Grupos Parlamentarios del Congreso
de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y
Provincias.
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
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