MOCIÓN
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Doña Teresa Martínez López, como Portavoz
del Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de Villablino, viene a formular para
su aprobación la siguiente: MOCIÓN PARA DECLARAR LA ILEGITIMIDAD DE UNA PARTE
DE LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo
extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto
PSOE como PP, consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria
como el nuevo totem que supedita cualquier política pública a estrictos
parámetros económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado
en su artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…”
definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se
refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en
donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la
administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la
ciudadanía.
La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la
administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado sustancialmente la
calidad de vida en nuestras ciudades, fundamentalmente a través de las
limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios
públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico
en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una legislación que
obliga a las administraciones a convertirse en meras entidades deudoras
de los poderes financieros.
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones
públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras
de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son
constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha
pasado, a ocupar de facto, las Alcaldías de nuestros municipios.
El “austericidio constitucionalizado” al que
asistimos, hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos
de la crisis, sean orillados en pos del interés crediticio que han sido
obligadas a contraer las administraciones a raíz del Plan de Pago de
Proveedores, y que permite que asistamos impotentes, a carencias básicas en las
familias, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas, y
servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello,
en aras de la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la
amortización crediticia, que expulsa a los poderes públicos de tener un papel
vertebrador frente a la crisis.
El mecanismo
de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades locales por el
Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero, cuyo
requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste
que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de las entidades acogidas,
supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
La imposición de dicho plan de
ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido de
trabajadores, disminución de ayudas, aniquilamiento de la empresa pública,
etc., propiciando una parálisis de la economía regional y de los servicios
públicos.
Abordar el
pago a proveedores era necesario, pero se aborda de la peor forma posible para
los intereses de los Ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en
beneficio del sector bancario: mientras el gobierno central inyecta liquidez a
la banca, a un interés inferior al 1%, dichas entidades, traducen los créditos
a las administraciones públicas a través de la aplicación abusiva de intereses
superiores al 5%. Por tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior,
cargando los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman
parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios
(sanidad, educación…) y justificando las políticas de recortes por déficit
excesivo. Se produce por tanto una trasferencia sin contraprestación hacia el
sector bancario.
Asimismo, los distintos
decretos de pago a proveedores (el próximo se iniciará a partir de septiembre),
hasta ahora, no afrontan el problema de la financiación municipal ni
establecen diferenciación entre unos consistorios y otros; ni tampoco
contemplan las deudas que las comunidades autónomas tienen con los
ayuntamientos.
Asistimos, por tanto al
desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento
económico de las administraciones, mediante el uso del concepto de “deuda” como
único paradigma de análisis y como nueva herramienta de autoritarismo.
Deuda, que por otro lado, ha
sido contraída sin condiciones objetivas de libertad de elección, contemplada
en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas
entidades financieras. Los Planes a proveedores han supuesto la sumisión a los
planes de ajuste, que a su vez, han condicionado el endeudamiento impuesto a
los consistorios en clave de intereses abusivos y yugos crediticios que anulan
su independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de
vida de la ciudadanía.
Tradicionalmente,
numerosa doctrina de Derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u
odiosa, la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra
los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porque ser pagada y
por tanto no es exigible su devolución. En este sentido, la Resolución aprobada
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio
de 2012 "Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de
promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal
efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de
desarrollo y no debe verse condicionado por fórmulas específicas de política
económica externas "y" Afirma que, desde el punto de vista de los
derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en
condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los
gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos,
especialmente los derechos económicos, sociales y culturales".
Tanto por
parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos
sociales, está siendo consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la
deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que
faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas
que aumentan este en contra del interés general de la población.
En este sentido, hay que destacar el
trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la
Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la
generación de deuda que el Gobierno español, junto con la UE o los gobiernos
autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus
políticas de austeridad.
Desde IU
creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para
equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las
operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales,
Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que
no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo”
de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del
Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el
déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para
los recortes al Estado de Bienestar.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IUCyL
en el Ayuntamiento de Villablino, propone al pleno la adopción de los
siguientes acuerdos :
1- El pleno Municipal considera ilegítimos los
intereses contraídos con las entidades financieras privadas, prestados en el
marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda
donde se han aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público,
que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%.
2 - El Pleno insta al gobierno municipal a
cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones
legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para
lograr la nulidad de esta deuda ilegítima.
3 - Instamos al Gobierno municipal que se sume a la
iniciativa de la PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana
de la Deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta
deuda y tener a la vez más fuerza
para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la
soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda ilegítima.
Fdo. Doña Teresa Martínez López
Portavoz de Grupo Municipal IU
de Villablino
En Villablino a 26 de Julio
del 2013
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Moción de Izquierda Unida aprobada en el pleno del 26 de Julio de 2013.
