La siguiente Moción fue presentada en el pleno del día 31 de enero y aprobada por todos los grupos excepto PP que se abstuvo en la votación. .Se trata de una moción genérica presentada en todos los Ayuntamientos donde IU tiene representación
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
María Teresa Martínez López, Portavoz del Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento de Villablino, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente
Moción de MEDIDAS PARA PREVENIR LA POBREZA
ENERGÉTICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pobreza energética se puede definir como aquella situación que
sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve
obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura
energética de su vivienda.
La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes:
los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda
en cuanto a su eficiencia.
Según la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de
Condiciones de Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4
millones de personas), y se trata de un fenómeno in crescendo, mientras el
desempleo y la crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía,
los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se
han encarecido sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el
presupuesto familiar.
La ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su
vivienda a una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso
de mujeres que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto
por su carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones
de la pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este
fenómeno ya existen estudios reflejan
como la pobreza energética se incrementa en nuestro país.
El último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala
que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía
problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el
2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja
no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las
personas y puede influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de
enfermedades crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480 provocadas por accidentes
de tráfico. Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples: la falta
de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones
respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobre mortalidad y sobreendeudamiento,
así como aislamiento social y geográfico.
La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas
2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas,
respectivamente, plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a
adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre
«La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis
económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que
necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga
en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
Y en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada
para prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico
y Social Europeo—, manifiesta que la
energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las
actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna,
mientras que carecer de él provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata
física y socialmente.
El Estado español es el país de la UE27 con los precios de la
electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de
Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%,
el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a
2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre
2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos,
en el caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la
crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las
personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y
los cortes de suministro.
Las compañías no ofrecen datos para cuantificar el número de clientes
que no pagan y, por tanto, se ven afectados por cortes de suministro. Lo
cierto, no obstante, es que a los servicios sociales llegan cada vez más casos
de este tipo. Así, mientras ayuntamientos y entidades sociales incrementan las
ayudas destinadas a urgencia social, y concretamente las referidas al pago de
facturas de gas, luz y agua, las grandes compañías de suministro continúan
obteniendo beneficios millonarios, que llegan a ser del 6,78% frente al 2,62%
de las europeas, y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias.
El Estado español carece de una política específica dirigida a
prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias
y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en
función del número de miembros y de periodos estacionales. Todas las compañías
suministradoras aseguran disponer de bonos sociales para las familias más
desfavorecidas, pero no tan solo son insuficientes sino que a menudo provocan
que quien más los necesite se queda fuera.
El Estado debería mejorar el actual bono social, para tener en cuenta
también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no
solos la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría
que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano,
como ya hacen otros países.
El Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la
corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de
los sectores eléctrico y gasista, hace referencia en su redactado a la pobreza
energética, anuncia el establecimiento de medidas de protección para el
consumidor vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico
regulado en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta
ahora tampoco establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el
déficit tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios
suben debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia
de ello está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un
diagnóstico previo.
Además, los cambios regulatorios en el sector eléctrico, especialmente
los más recientes, supondrán un encarecimiento de los costes que afectarán
fundamentalmente a los consumidores con la revisión automática de los peajes.
El cambio del sistema de facturación que aumentará los costes fijos de la
factura supone una penalización añadida a los que menos consumen, ya sea por
menor renta o por ser eficiente, empeorando el problema de la pobreza
energética y aumentando la exclusión.
La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para
abaratar el precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit
tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las
tasas de pobreza energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de
los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
Existen experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales
a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y
eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de
impedir la desconexión durante los meses de más frío o a consumidores
vulnerables, es decir aquellas personas que por razones de edad, salud,
discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de
garantizar su bienestar personal y el del resto de miembros de su familia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de IUCyL
PROPONE AL PLENO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO LA ADOPCION DE LOS SIGUIENTE ACUERDOS:
- Exigir al Gobierno de España la aprobación de
una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el
sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo
ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado,
estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética
favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
Igualmente,
en la citada Ley se establecerán medidas para que todos los hogares puedan
mantener unas condiciones adecuadas de temperatura como disponer de otros
servicios energéticos esenciales a un precio justo. Se creara el bono social
para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión
social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro
a estas familias.
- El
Ayuntamiento de Villablino elaborará un plan contra la pobreza energética,
con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los
suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir
las situaciones detectadas.
- Instar al
Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el
precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
- De esta moción se dará traslado a:
- Presidencia del Gobierno de España.
- Grupos con representación parlamentaria en el Congreso de Diputados.
- Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
- Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la localidad.
Fdo. María Teresa Martínez López
Portavoz de Grupo
Municipal IUCyL
En Villablino a 27 de Enero del 2014
ILMO. SR.
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
