IU Laciana rechaza el modelo de “descarbonización exprés” que propone la ley de transición energética de Unidos Podemos
La Asamblea de IU Laciana y los cargos públicos de IU en Villablino, reunidos de urgencia ante la Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentada recientemente por el grupo confederal de Unidos Podemos en el Parlamento Nacional, han mostrado su desacuerdo con aquellos aspectos de la misma que perjudican seriamente a las comarcas mineras de León y sus gentes.
Las medidas de reindustrialización de las comarcas mineras, como alternativa al monocultivo del carbón, que durante los últimos veinte años han vendido tanto el PP como el PSOE en las zonas mineras de nada han servido, pues no se han traducido en alternativas de empleo estable y consolidado. Nuestras comarcas mineras están desapareciendo y no se han dado alternativas reales en todos estos años de planes MINER y Planes de reindustrialización. No hay más que acercarse a las zonas mineras y comprobar cómo están despoblándose, tanto en Laciana como en toda la provincia, ante la falta de alternativas reales de empleo y de futuro.
Pero tampoco esta proposición de ley que ha registrado en estos días Unidos Podemos viene a solucionar el problema de fondo. Claro que estamos de acuerdo con que las consecuencias de la transformación en el modelo energético y productivo no carguen sobre los hombros de los trabajadores y de los más vulnerables, como se plantea en esta Proposición de Ley. Claro que apoyamos que haya un modelo sostenible basado en reformas fiscales donde el coste lo asuman las empresas que operan en el sector eléctrico, de gas y las hidroeléctricas, o que se democratice el sistema eléctrico, se elimine el impuesto al sol, potenciar la energía renovable y la transformación del modelo productivo español hacia una economía circular. Cómo no vamos a estarlo. Por supuesto que compartimos mitigar el cambio climático y que se reduzcan las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero. Y tantas otras medidas con las que estamos completamente de acuerdo y que son parte del ADN de Izquierda Unida desde una visión de futuro por un mundo sostenible y respetuoso con la naturaleza.
El problema es que no podemos pagar siempre los mismos la falta de voluntad política y de previsión que se ha tenido para afrontar la situación concreta de las comarcas mineras en nuestra provincia. El problema es que se hace ahora con prisas y con muy poca transparencia y participación real en el debate y discusión desde la base sobre las medidas más adecuadas a tomar en nuestras zonas mineras. Porque el capítulo primero de esta Ley, capítulo que debería ser previo a todas las demás medidas, debería haber sido un capítulo dedicado a la nacionalización del sector energético de este país, que en manos privadas como está ahora, es el que sigue y va a seguir quemando de importación porque solo le importan los beneficios a los accionistas que lo controlan. Porque solo en manos públicas se puede planificar que el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona de nuestro Estado, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón. Porque solo en manos públicas se puede impulsar de forma real la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, con el fin de minimizar los efectos de las emisiones de gases efecto invernadero asociados a la combustión del carbón. Este capítulo es una reivindicación histórica de Izquierda Unida conforme al artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona, estableciendo que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» y, dado que la Constitución reconoce «la iniciativa pública en la actividad económica», afirmando taxativamente que «mediante ley —señala la máxima normativa— se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
Pero igualmente debería haber un segundo capítulo, previo a todas las demás medidas también, que establezca la aplicación del empleo garantizado para las comarcas mineras, antes de ponerse a condenar la minería a su desaparición a ritmo acelerado. Porque incluso las medidas que recientemente ha aprobado la UE advierten claramente que no se puede «liquidar primero y luego ya veremos qué hacemos. Sería una catástrofe». La propia Comisión Europea va a obligar a los gobiernos a atender las demandas de las cuencas mineras en la elaboración de los planes de transición energética y ha propuesto el diseño de un plan nacional energético flexible para cada país hasta el año 2030 en el que el carbón pueda mantenerse en el mix energético y que recoja el impacto social y económico en términos de empleo y futuro en los territorios, para garantizar una transición energética socialmente justa. La propuesta de la UE obliga por tanto a instrumentalizar políticas para la creación de empleos alternativos en las comarcas mineras. No nos vale por lo tanto que se diga en la proposición de Ley de Unidos Podemos que se crearán dos empleos por cada uno que desaparezca. Los queremos antes de que desaparezca ninguno, porque las experiencias que tenemos de la mano del PP y PSOE para la reindustrialización de las comarcas mineras ya sabemos dónde han ido los fondos destinados a ello, sin necesidad de auditorías. Por eso esta es la oportunidad para que IU aplique en nuestras comarcas la propuesta estrella que lanzó en su último programa sobre el “empleo garantizado” y que tanto desarrolló y concretó en campaña electoral.
Si la propia Comisión Europa deja claro que «no exige cierres ni de minas ni de térmicas en ninguna fecha concreta», queremos que esta proposición de ley también lo contemple, porque ya hemos visto que no se puede hacer una transición socialmente justa de hoy para mañana y que el 2050 es el horizonte mínimo que exigimos, no el 2025. Que mientras, se obligue a que solo se queme carbón nacional, no el carbón de “sangre” proveniente de la importación. Que se establezca el carbón como reserva estratégica y se garantice el empleo en la minería para su mantenimiento. Que se den pasos claros en la nacionalización del sector al servicio del bien común y la planificación pública de un nuevo modelo energético que garantice realmente el suministro eléctrico público a toda la población y la industria. Que se implemente un plan de empleo garantizado, que dé alternativa real y constatable a las comarcas mineras, antes de dar paso ninguno en el cierre de más puestos de trabajo en el sector de la minería de interior.
Tenemos claras las alternativas. Solo es cuestión de voluntad política. Por eso queremos que todas estas medidas se incorporen a la proposición de ley de forma que contemple las necesidades reales de las comarcas mineras como Laciana y todo el norte de la provincia y, por ello, pedimos al conjunto de la organización el apoyo a las comarcas mineras y a sus gentes y que no hagan legislaciones de espaldas a las necesidades de los territorios, que ya bastante los han devastado las políticas conjuntas del PP y del PSOE a lo largo de los últimos 20 años.
